Una de las medidas más efectivas para instaurar dictaduras es liquidar a los líderes democráticos para liquidar la política y reemplazarla por un populismo que pronto revela su verdadera naturaleza de dictadura del crimen organizado. Esta es la metodología del socialismo del siglo XXI o castrochavismo para atacar a las democracias como parte de una guerra híbrida que acaba de estallar en Colombia con la vil sentencia contra el presidente Álvaro Uribe, prueba del gobierno paradictatorial de Petro y la fase final de la ocupación del país.
Como parte de la alta traición de Juan Manuel Santos, quien, contra la voluntad popular de los colombianos, perpetró el Acuerdo de La Habana con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quienes, poco después, incursionaron en la política y se convirtieron en la fuerza armada disidente que continúa cometiendo terrorismo, narcotráfico, asesinatos, secuestros y delincuencia común, estos grupos se han incorporado a la legalidad del gobierno colombiano.
Mientras los criminales operan sin trabas e impunidad, protegidos por el gobierno de Gustavo Petro bajo el sofisma de buscar la paz —que supuestamente ya se había acordado—, el presidente más prominente de Colombia en este siglo XXI, Álvaro Uribe, acaba de ser sentenciado, privado de su libertad y de sus derechos políticos, víctima de un atentado contra su reputación, y se presenta como el mejor ejemplo de la "vacuna" para que los líderes de la libertad y la democracia en las Américas no se atrevan a desafiar a la dictadura cubana en ninguna de sus actividades criminales.
Lo que ocurre en Colombia no es un asunto local, sino que incumbe a las Américas y al mundo libre. Álvaro Uribe Vélez, el triunfante luchador contra el narcotráfico, el terrorismo, las guerrillas y las dictaduras, el presidente honesto, exitoso y democrático, acaba de ser humillado con una sentencia despreciable en su contra. No es una sentencia solo contra él, es una amenaza contra cualquiera que se atreva a desafiarla. Es la mafia que traza su territorio y su sistema, es el castrochavismo —la expansión del castrismo como socialismo del siglo XXI— que se burla de su control en un país que se considera democrático, pero que es solo un territorio sometido a un régimen paradictatorial.
En una democracia con Estado de derecho, con separación e independencia de poderes, con respeto a los derechos humanos y a la libertad, lo que acaba de ocurrir en Colombia contra el presidente Uribe jamás ocurrirá. Esto demuestra el poder ilimitado del crimen organizado dirigido por Cuba y expandido en otros lugares con la narrativa del "socialismo" que recompensa a sus sicarios con poder, financiación ilimitada, impunidad e incluso premios internacionales. Sin embargo, también muestra la situación de indefensión en la que han caído las democracias y sus líderes al cometer el error de no identificar adecuadamente al enemigo. Lo políticamente correcto acaba de ser derrotado de nuevo con la despreciable sentencia de Uribe. Mientras el socialismo del siglo XXI o castrochavismo, liderado por Cuba, opera abiertamente, las democracias y sus líderes son víctimas de la creencia en la imparcialidad de jueces que son secuaces y sicarios, porque evalúan la situación con sus propios valores y no prestan atención al nivel y la profundidad de la penetración del crimen organizado. Mucha gente cree que esto no sucederá porque Venezuela no es Cuba, Nicaragua no es Cuba, Bolivia no es Cuba, ni tampoco Colombia, pero está sucediendo. El objetivo del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo y de las dictaduras, es convertir a los criminales en políticos, a los narcotraficantes en empresarios, a los matones y secuaces en líderes, a los sicarios en jueces, a los jueces mediocres y fracasados en intermediarios, a los violadores y asesinos en senadores, a los mafiosos en vengadores, a los infieles pecadores en compasivos, a los opresores en liberadores, a los políticos encarcelados en presidentes; en eso consiste la falsificación cultural. Para lograrlo, necesitan liquidar a los honestos, a los líderes democráticos, a los jueces informados e imparciales, a los partidos políticos y la política, los principios y valores de la libertad y la democracia, y así aterrorizar al pueblo para someterlo. Lo sucedido contra el presidente Álvaro Uribe es la expresión del más grave de los casos de terrorismo de Estado, definido como “el uso de métodos ilegítimos por parte de un gobierno dirigidos a infundir miedo y terror en la población civil para obtener o promover comportamientos que de otro modo no ocurrirían por sí solos”. Es el uso de un sistema judicial para acusar, perseguir, encarcelar y condenar falsamente a inocentes. Es la base de los crímenes que los dictadores y sus grupos criminales estructurados en Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y ahora en Colombia perpetran para aterrorizar a sus pueblos.
Un gobierno paradictatorial es aquel “dirigido por un presidente electo de un país con democracia que le debe su ascenso al poder y el servicio a regímenes dictatoriales contribuyen a su sostenimiento con esfuerzos de legitimación y apoyo, incumpliendo obligaciones legales internacionales y obstaculizando sus propios intereses nacionales. Ese es Petro en Colombia, subordinado a las dictaduras de Cuba y Venezuela, operando la destrucción de la institucionalidad nacional.
La democracia no es indefensa, pero si se la ataca desde dentro, se paraliza. Colombia aún tiene tiempo, aunque sea a costa del desprestigio perpetrado contra su paradigma, Álvaro Uribe.
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