Agenda para las llamadas Mesas Técnicas

 

Omar Jesús Estacio

Todo indica que la instalación de una o varias mesas, supuestamente, “técnicas” a partir del próximo primero de agosto, es un fait accomplí,  un “clavo pasado”, un “corren o se encaraman”. Quiere decir, que  tal será el mecanismo, para solucionar —según las malas o buenas intenciones de los dos sectores participantes en dichas reuniones— la gravísima crisis social, política, económica, moral sobre todo, que atraviesa nuestra amada Venezuela.

Conversar o deliberar siempre será preferible a que las partes involucradas resuelvan sus divergencias a balazos. O mejor, también, que las ventilen con los chantajes de los presos políticos, de los torturados, de los desaparecidos forzosos, de la represión gubernamental, en general o con la revancha  del terrorismo opositor porque, según escribió Sartre, tal recurso es “la bomba atómica de pobre”. O del más débil.

No deja de ser lamentable que los jefes o voces cantantes, de los dos sectores divergentes de la referida mesa, fueron escogidos de manera unilateral, imperial, “sí o sí”, por el señor Trump. No obstante, la ventaja de tal procedimiento ha sido que tales designaciones no se tomaron, semanas, meses, entre vetos, diretes u operaciones morrocoy comandadas por un tal Zapatero.

Nos parece acertada la escogencia del señor Trump, de la diputada presidenta de la Asamblea Nacional electa el 2015, para encabezar y dirigir a la disidencia democrática en las referidas jornadas. Se trata de una prestigiosa médico, que en lugar de claudicar sus convicciones de demócrata prefirió refugiarse en el extranjero. Y lo que no es menos importante: que una vez fuera de la Patria, asumió la condición de digna y austera exiliada.

En relación con su contraparte no me atrevería a afirmar lo mismo. No es menudencia que a horas, apenas, de haberlo ungido como representante del llamado gobierno de la transición en las dichas mesas, el mismísimo presidente de EE. UU., a título de advertencia o de “corres o te encaramas” calificara de fraudulentas las  votaciones en las que el burócrata en referencia actuó como fementido árbitro, con la complicidad de empresas con la bien ganada fama de tramposas. 

 ¿Y el resto del espectro político opositor excluido de dichas deliberaciones? ¿Y los ciudadanos de a pie igualmente sin derecho a sentarse alrededor de esas mesas?

Pues con la obligación de exigir, a través de los mecanismos lícitos de presión social y política, lo mínimo o más básico. A saber:

 La renovación del rectorado del  Consejo Nacional Electoral con cinco venezolanos, de comprobada probidad e independencia política; la auditoría exhaustiva y consiguiente depuración del padrón electoral, incluida la purga de los centros fantasmas de votación, hervideros del fraude a lo largo de los últimos 27 años; las garantías  del voto a todos los compatriotas residenciados en el extranjero, sin que sea óbice el estatus migratorio de los respectivos compatriotas más allá de nuestras fronteras.

Volver a someter cualquier contencioso electoral al Tribunal Supremo de Justicia, sería la repetición de una ingenuidad rayana en la más impúdica colusión. Existen mecanismos, perfectamente, constitucionales, viables para que, transitoriamente, cualquier conflicto en la materia sea dirimido por un ente ad-hoc, imparcial y obligante. 

Las votaciones no pueden ser, sólamente, para Presidente de la República. Han de renovarse todos los cargos de elección popular, además de contemplar los mecanismos para renovar a los integrantes del TSJ, el Fiscal General, el Defensor del Pueblo, el Contralor General, amén de los miembros del directorio del Banco Central. No hacerlo sería equivalente a someter al nuevo y legítimo Presidente al más impúdico chantaje.

Para los delitos menores, cometidos a lo largo de los últimos 27 años, el perdón y olvido. A los sospechosos de crímenes atroces cometidos en ese mismo período, las garantías del debido proceso y llegado el caso, a la imposición de los castigos ejemplares,  sin nada que se parezca al linchamiento. 

¿No se ha plegado el llamado gobierno de la transición, a las exigencias, a veces atrabiliarias del señor Trump, para evitar la reedición de la “Operación Resolución Absoluta” del tres de enero pasado?

Ahora que el citado gobierno de la transición, renuncie a administrar las ayudas para reparar los daños materiales causados por los terremotos del 24 de junio pasado. Esos auxilios deben ser manejados por una reedición de la “Operación Resolución Absoluta” en  el ámbito administrativo. Todo vale para que no se repita el saqueo con las ayudas a los damnificados de la vaguada de diciembre de 1999.  

 Fijar tales metas para los próximos meses es lo mínimo o elemental. Sin perjuicio de otras propuestas, muy buenas, también, que estamos seguros lloverán sobre las mencionadas mesas técnicas.

@omarestacio