Omar Jesús Estacio
Escribimos estas líneas, el 23 del corriente mes de junio, efeméride del natalicio del primer presidente de Venezuela y también colega, José Cristóbal Hurtado de Mendoza y Montilla, instituido en “Día Nacional del Abogado Venezolano”, por Decreto del Ejecutivo Nacional, dictado en 1972 a solicitud de la Federación que agrupa a nuestros colegios o barras estadales.
Días atrás, el llamado gobierno de la transición, comenzó una operación masiva de depuración —o de impuro maquillaje— de nuestro postrado sistema de justicia. Las destituciones y los reemplazos de jueces inferiores, fueron realizados como es práctica erigida en nuestro país a lo largo de los nefastos 27 años en curso: A los removidos no se les sometió a procedimiento disciplinario alguno: “¡Usted, ´ta botao. Y punto!” Esa fue la única explicación que recibieron.
En cuanto a los nuevos ingresados, más o menos lo mismo, aunque en dirección inversa: Investidos en funciones tan sensibles para la colectividad, sin adiestramiento, concurso, revisión de antecedentes criminales, ni examen de credenciales, sino a puro dedo.
Desde tiempos en que el llamado “Diputado Louis Vuitton” metió sus narices en el Ministerio de Interior y Justicia, aparte de la consigna “A los roboLucionarios con la razón y sin ella” la única directriz que han venido recibiendo de sus jefezotes los nuevos operadores de justicia, los registradores y notarios, ha sido: “Usted verá, cómo y a quién se los quita pero los viernes en la tarde, me trae cinco mil dólares en efectivo”. Saque la calculadora, señora lectora, señor lector, para que multiplique tal coima por el número de funcionarios obligados a pagarla.
Mientras tanto, el fementido Gobierno de la Transición Democrática de Venezuela, avanza con la fraudulenta ampliación del número de integrantes del inefable Tribunal Supremo de Justicia o TSJ. Da igual que sean 15, 30 o mil altos magistrados del TSJ si quien los elige, es la misma pandilla de diputados que conforman la mayoría oficialista de la ilegítima Asamblea Nacional.
“¡Nada qué celebrar para los abogados este 23 de junio!” se quejaba muy amargamente un distinguido miembro de nuestro gremio ante el quiebre en el país del Imperio de la Ley y del Estado de Derecho. No hay informe de la Misión Independiente de los Hechos Sobre Venezuela de la ONU, de la Relatoría correspondiente de ese mismo ente multilateral; de las facultades de Derecho, de los colegios o barras que nos agrupan, que dictaminen lo contrario.
No obstante, prevalece en el corpus abogadil compatriota, el paradigma del profesional, tenaz, estudioso, combativo, respondón y de muy malas pulgas; dispuesto a arriesgar la vida y la libertad porque el ejercicio de nuestra digna profesión se encuentra criminalizado; que en medio de la depauperación de los servicios tribunalicios; de su politización; de la chabolización de las salas de audiencias desde las cuales se despacha de manera precaria, no ceje en su labor de demandar justicia.
—Pese a tales adversidades, con una lágrima –una sola aunque sea— que logre evitarle a la madre, a la esposa, al hijo de un preso, me daré por bien servido…—declaraba meses atrás uno de los tantos caballeros templarios de nuestra defensa letrada.
Motivo más que suficiente, para volver a festejar el próximo 23 de junio.
@omarestacio



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