La transición de Venezuela necesita una oposición genuina para lanzar una campaña electoral

 

Por Carlos Sánchez Berzaín

Desde la captura de Nicolás Maduro, Venezuela ha sido un Estado bajo la tutela estadounidense, que define "estabilización, recuperación y transición" como las tres fases para la liberación. Con Delcy Rodríguez a cargo del desmantelamiento de la dictadura/narcoestado, la resistencia civil se expresa mediante demandas de liberación de presos políticos y el regreso de los exiliados. Sin embargo, es esencial que la oposición, que ganó las elecciones del 28 de julio de 2024, se active lanzando una campaña por "elecciones libres y la consolidación de la democracia", que es el objetivo nacional.

En derecho internacional, Venezuela es actualmente "un Estado en una situación particular", una condición sui generis que se asemeja más a un régimen de "tutela". Legalmente, la tutela es "cualquier tipo de protección, apoyo, custodia o cuidado y dirección de personas e intereses". En la práctica, esto significa que Estados Unidos protege y apoya al pueblo venezolano mientras desmantela la dictadura/narcoestado, utilizando a los mismos miembros mafiosos de esa estructura, con el objetivo de restaurar las condiciones democráticas que permiten la libertad y la democracia, las cuales actualmente no existen.

Después de que el dictador se convirtiera en "el prisionero Maduro" por narcoterrorismo y otros delitos ante la justicia que lo buscaba con una recompensa de 50 millones de dólares, Venezuela debe volver a la normalidad, que simplemente consiste en restaurar los elementos esenciales de la democracia. Esta tarea incluye desmantelar el régimen del crimen organizado, poner fin a la dictadura del líder cubano y expulsar a las dictaduras extrahemisféricas que utilizan a Venezuela como base para agredir a Estados Unidos y las democracias.

El interés de Estados Unidos se basa en su seguridad nacional, la cual se encuentra bajo ataque y llevada a límites extremadamente peligrosos por la "guerra híbrida" desatada por el socialismo del siglo XXI o castrochavismo, que utiliza la dictadura venezolana como centro para operar la migración forzada, el tráfico de cocaína y fentanilo, la trata de personas, la infiltración de la delincuencia común, el financiamiento para sustituir la política por el crimen organizado, grupos disruptivos, noticias falsas, difamación, una plataforma para dictaduras extrahemisféricas y cualquier acción que conduzca a la desestabilización y el debilitamiento de la democracia.

El progreso hacia la libertad desde el encarcelamiento de Maduro ha sido notable, pero se ve limitado por la flagrante manipulación de la familia Rodríguez y el grupo que ostenta el poder. La agenda la dicta Estados Unidos, pero los agentes —todos miembros de la mafia castrochavista— retrasan, fragmentan, diluyen y maniobran, ganando tiempo mientras ceden terreno poco a poco, lo que indica que aún mantienen el poder, aunque bajo su control.

Lo que hemos visto hasta ahora es que la dictadora actual cede en todo y se muestra complaciente en cuanto a la gestión de recursos, el control de las ventas de petróleo, la reconstrucción de la industria petrolera, la apertura a la inversión occidental y otros asuntos económicos. Sin embargo, está retrasando, complicando y manipulando la liberación de presos políticos y el regreso de los exiliados. Está cediendo terreno económico y ganando tiempo políticamente, incluso utilizando la representación de Venezuela para defender al encarcelado Maduro con sus embajadores y agentes internacionales. Un cambio de mando, pero no de táctica.

El principal objetivo del grupo criminal que ha ostentado el poder en Venezuela desde 1999 es la impunidad, y para lograrla, deben permanecer en la política, seguir formando parte del sistema y, por lo tanto, quizás renunciar al gobierno, pero no al poder, que seguirá operando bajo sus propias leyes y con su apoyo. Es una versión actualizada de la Nicaragua de 1990 con Ortega y los Sandinistas, caracterizada por la impunidad, el control de las fuerzas armadas y la continuidad de su existencia como partido político legítimo.

El proceso de liberación del pueblo venezolano, iniciado por Machado y supervisado por Estados Unidos, carece del elemento de representación nacional. El pueblo que triunfó en las elecciones del 28 de julio de 2024, y que posteriormente fue subyugado mediante el terrorismo de Estado para que Maduro, el líder narcoterrorista, pudiera proclamarse presidente fraudulentamente, cometiendo crímenes de lesa humanidad con el apoyo de dictaduras extracontinentales enemigas de Estados Unidos y de las democracias americanas, está ausente.

La farsa y la manipulación de la dictadura obligaron a María Corina Machado a recurrir a candidatos sustitutos, asegurando finalmente la elección de González Urrutia y derrotando al régimen y a su "oposición funcional" o "escorpiones" a costa de su propio cargo. Tras la captura de Maduro, la dictadura y su oposición funcional centraron sus esfuerzos en tomar el control de la transición, excluyendo o minimizando el papel de Machado, sin cuya lucha ni el 3 de enero de 2026 ni la captura de Maduro, ahora encarcelado, habrían sido posibles.

En estas condiciones, y dado que el objetivo de la supervisión estadounidense es «la celebración de elecciones libres y consolidación de la democracia. El proceso de transición en curso exige que el ganador de las elecciones de 2024 inicie una campaña electoral para activar la movilización popular. La lucha por la libertad y la democracia en Venezuela tiene a Estados Unidos como un aliado clave, pero siempre estará en manos del pueblo venezolano, que no puede permitir el reasentamiento de los miembros de la organización criminal que los ha subyugado desde 1999, ni la persistencia de la oposición oportunista que los ha traicionado constantemente.