Petro, el demagogo irresponsable

Por Luis González Posada

El incidente político y diplomático provocado por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, al acusar al Perú de violar el Protocolo de Río de Janeiro del 24 de mayo de 1934, que ratificó el Tratado de Límites de 1922 y los trabajos de la Comisión Mixta Demarcadora de 1929, constituye una burda e irresponsable maniobra política.

El mandatario colombiano, en efecto, ha dicho que el Perú pretende "copar" parte de su territorio en el Amazonas, en respuesta a la promulgación de la ley 32403 que creó el distrito de Santa Rosa, en la Región Loreto, provincia de Mariscal Castilla y que, según él, no nos pertenece.

Ignora Petro los instrumentos internacionales antes citados, como también ignora que hemos ejercido soberanía sobre esa zona que es parte de la isla fluvial de Chineria desde hace cien años y que ninguno de los 28 presidentes que lo precedieron en el cargo, civiles y militares, hicieron una reclamación de esa naturaleza.

No es el primer incidente creado por Petro. En febrero del 2023 sostuvo que nuestros policías "marchan como nazis contra su propio pueblo", infame comparación que tuvo como respuesta que el Congreso de la República lo declare "persona non grata" y solicite a los ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores garantizar que no ingrese al territorio nacional. Luego afirmó que el juicio contra Pedro Castillo por el fallido golpe de 1922 era "un insulto a la democracia y a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos", violando así el acuerdo de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1964 y la Carta de la OEA, que en su artículo 19 establece que "ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro".

Petro, además, soslaya que tenemos una frontera común de 1,626 kilómetros;que suscribimos un tratado de libre comercio; que, con México y Chile, formamos parte de la Alianza del Pacífico, un poderoso instrumento de integración;y que, con Bolivia y Ecuador, la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

Asimismo, parece no considerar importante que 300 empresas de su país operen en el Perú, con una inversión de 23,500 millones de dólares en los últimos 30 años, que han generado 60 mil empleos directos y 300 mil indirectos.

No debemos tener duda que la ofensiva continuará. Por lo pronto, su ministro del Interior, Armando Benedetti, anuncia que podrán recurrir a la Corte Internacional de Justicia de la Haya y seguramente también trasladarán este artificial contencioso a la OEA y otras instancias supranacionales. De nuestra parte, la Cancillería ha publicado una firme declaración en defensa de la soberanía nacional respaldada por el Parlamento, los Gobiernos Regionales y los Municipales, así como por todas las agrupaciones políticas.