Lula, el Mafioso

 

Por Luis González Posada

Lula da Silva ha proyectado su entraña mafiosa al otorgar salvoconducto a la señora Nadin Heredia de Humala, violentando principios rectores establecidos en el Derecho Internacional y, más concretamente, en la Convención de Asilo Político de Caracas del año 1954.

Dicho Tratado precisa que, si bien es potestativo de cualquier Estado otorgar ese beneficio, el artículo tercero es limitante porque determina que "No es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentran inculpados o procesados en forma ante tribunales ordinarios competentes por delitos comunes y por dichos tribunales sin haber cumplido las penas respectivas".

Lula, por supuesto, pasó su afilada motosierra al citado artículo tercero y concedió asilo a la señora Humala, condenada a 15 años de prisión por lavado de activos, por recibir dinero ilícito del gobierno venezolano de Hugo Chávez y de la constructora brasileña Odebrecht.

¿Qué podía hacer el Perú? Solo entregar el salvoconducto porque así lo establece el artículo 36 de nuestra Carta Fundamental, que señala que "El Estado reconoce el asilo político. Acepta la calificación del asilado que otorga el gobierno asilante...".

Pero también podía haber publicado un firme pronunciamiento cuestionando la decisión brasileña por contravenir normas expresas del referido Convenio de 1954.

No callar. No refugiarse en el silencio diplomático, porque hacerlo horada principios y valores de nuestra política exterior. Confunde y genera legitimas protestas de académicos, analistas, políticos y de los ciudadanos.

Tampoco es incompatible con sus funciones jurisdiccionales que el Poder Judicial se pronuncie sobre este tema, porque han sido burlados en un caso con sentencia en primera instancia, un proceso que ha durado varios años, con la presentación de 220 testigos, 15 peritos y 1,196 documentos.

En su propio país los cuestionamientos a Lula han sido amplios, duros, categóricos

Sergio Moro, senador y ex magistrado del caso Lava Jato, afirmó que esa decisión "refleja el estándar moral del gobierno de Lula". Otros personajes calificaron el hecho como "una vergüenza nacional" y el diputado Carlo Jordy manifestó que Lula “protege a sus aliados del crimen”.

Por su parte, Iván Slocovich, director del diario Correo del Perú, manifestó acertadamente que Lula "es el patriarca de esa organización criminal dedicada a sobornar autoridades y políticos por medio de empresas constructoras como una forma de ganar licitaciones truchas y de paso expandir el socialismo del siglo XXI en la región”.

Por su parte, una nota del diario "O Estado de São Paulo" rechaza el asilo concedido y concluye que “después de exportar corrupción, ahora Brasil también exporta impunidad” y más adelante señala "los corruptos de toda América Latina ya saben dónde refugiarse de la justicia de sus países, no precisamente porque son inocentes o perseguidos políticos: basta ser amigos de Lula".

Es importante anotar que los sectores de izquierda del hemisferio constituyen una cofradía que se protegen unos a otros. Por ejemplo, los gobiernos de Cuba, Nicaragua, Bolivia, Honduras y México, no han dicho una palabra de las atrocidades que comete el dictador venezolano Nicolás Maduro, responsable de asesinatos, torturas y encarcelamiento de miles de seres humanos, así como de la migración de 8 millones de personas, según probanza de la OEA, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humano y de la Comunidad Europea, así como de la Corte Penal Internacional, que ha calificado esos delitos en la categoría de “crímenes de lesa humanidad”

La Convención Americana de la OEA contra la Corrupción y de la ONU sobre la misma materia, suscrita en Palermo, han quedado como papeles mojados en tinta y no creemos que quienes han suscrito dichos documentos se atrevan a opinar sobre el tema que motiva este artículo.

Así, pues, se cierra un nuevo capítulo de concertación con los delitos y la consiguiente impunidad de los responsables y cómplices.